Un juez de Antequera investigará si la rotura de un acuífero en el municipio de Valle de Abdalajís (Málaga) a causa del paso de la tuneladora que construye la línea de alta velocidad Córdoba-Málaga constituyó un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga acordó el pasado 4 de octubre admitir a trámite una denuncia presentada en mayo de 2005 por Izquierda Unida en la que se alertaba de que los pozos subterráneos perdían entre 400 y 500 litros por segundo. Esta rotura obligó a abastecer al pueblo de Valle de Abdalajís con comiones cisterna durante varios meses.
La denuncia va dirigida contra el gerente de la obra del AVE, el director de la obra y los responsables de la unión temporal de empresas encargada del tramo de los túneles de Abdalajís, uno de los más complejos de la línea de alta velocidad. La coalición de izquierdas adjuntó a su escrito documentos "en los que se demostraba que los riesgos de afección de los manantiales eran conocidos". Uno de esos estudios aseguraba que en el caso de la sierra de Abdalajís, el riesgo de afección era "severo".
Además de la acción judicial, el parlamentario andaluz de IU, Antonio Romero y el coordinador provincial de la coalición, José Antonio Castro, pidieron "una respuesta política, ya que ni el Gobierno central ni el regional han presupuestado compensaciones a los vecinos de Valle de Abdalajís".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de octubre de 2006