El Parlamento italiano está revolucionado con la trampa de entrevista que hizo un programa satírico de una cadena de televisión privada a 50 diputados utilizando una toallita con la que se detectaba por el sudor si habían consumido drogas en las 36 horas anteriores. El resultado fue que 12 habían fumado porros y cuatro esnifado cocaína. El escándalo ha sido tan mayúsculo, que el ente audiovisual responsable de proteger la privacidad prohibió la emisión del programa. No pareció suficiente que la cadena se comprometiera a velar los rostros y distorsionar las voces.
El ente argumentó que la decisión fue tomada no para proteger a los parlamentarios, sino por la recogida ilegal de datos sensibles. La medida puede involuntariamente extender el manto de la sospecha a toda la clase política italiana. Hay parlamentarios como la conservadora Alessandra Mussolini que sostienen que debería haberse emitido el programa revelando los nombres, y otros, en cambio, que consideran el suceso como un atentado al derecho de la privacidad de los políticos. Las personas públicas están más expuestas que cualquier otra, pero eso no significa que no tengan derecho a defender su espacio privado.
La trampa de la toallita podría ser utilizada contra cualquier ciudadano. Pero es difícil eludir una reflexión sobre la profesión política en general y del cinismo que no pocas veces comporta su ejercicio. Este caso, por ejemplo, lo ilustra bien. El Parlamento italiano endureció en 1994 las penas contra el consumo de drogas. "Si un día entrara en el hemiciclo un perro policía, se le fundiría la nariz", ha confesado un diputado radical. El legislador cree que legisla para todos excepto para sí mismo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de octubre de 2006