El modelo de Agencia Tributaria autonómica que fija el Estatuto de Cataluña debe ser generalizable al resto de comunidades que lo soliciten. Ésa es la doctrina de la Agencia Tributaria, partidaria de un consorcio entre la administración central y la autonómica que se ciña a la gestión del IRPF, sin asumir labores de control del fraude. Los inspectores de Hacienda coinciden en este planteamiento y rechazan cualquier fraccionamiento de sus funciones.
Gobierno central y Generalitat de Cataluña disponen de dos años para definir el modelo de consorcio que fija el Estatuto, un órgano integrado por las dos administraciones que deberá ocuparse principalmente de los impuestos parcialmente cedidos a las comunidades (IRPF, IVA e impuestos especiales).
"Trabajamos para encontrar una solución equilibrada con la mayor integración posible de las comunidades en recaudación, gestión y diseño de los impuestos", aseguró ayer el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche. Este modelo "debe ser generalizable al resto de comunidades", añadió tras inaugurar el congreso anual de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, mayoritaria en el sector.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de octubre de 2006