El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Heliodoro Gallego, declaró ayer en la cadena SER que ha solicitado medias preventivas que puedan evitar, tal vez, casos de corrupción urbanística como los que se han conocido en las últimas semanas, y pidió a jueces y fiscales que intervengan de inmediato.
Para Gallego, hay que pasar de las palabras a los hechos, algo que se traduce en la expulsión de los organismos públicos de las personas implicadas.
El pasado viernes, la comisión ejecutiva de la FEMP decidió impulsar un acuerdo con los grupos políticos, las comunidades autónomas y el Gobierno central para que los ayuntamientos dejen de estar bajo sospecha por el hecho de disponer de las competencias urbanísticas.
Gallego insistió en esa reunión que en los casos de comportamientos delictivos pedirán a la justicia que "actúe con prontitud". El presidente de la FEMP declaró que "nunca han sido ni serán defendidos aquellos que metan la mano en el ámbito de las corporaciones locales". Según él, la inmensa mayoría de los alcaldes y concejales "nos estamos dejando la piel y, a veces, nos sentimos indefensos".
En la reunión de la FEMP se constató que la solución al problema de la corrupción urbanística no pasa porque las comunidades autónomas "se queden con todas las competencias, porque por ese camino desaparecen los ayuntamientos", según declaró en conferencia de prensa la vicepresidenta de la FEMP y alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 22 de octubre de 2006