En el número de ayer [domingo 22 de octubre] de su periódico aparece un recuadro bajo el epígrafe "Proliferación de causas", en el que se afirma que el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid dimitió tras recalificarse suelo a sí mismo y aprobar el cambio de uso del suelo de unos tíos de Esperanza Aguirre.
Para que sus lectores estén correctamente informados, quiero puntualizarle que mis familiares en tercer y cuarto grado (de cuyos actos, salvo en regímenes totalitarios, yo no puedo ser responsable) compraron y vendieron los terrenos sin que mediara ninguna recalificación o cambio de uso del suelo, puesto que en el plan del 99 esos terrenos se declararon urbanizables de uso residencial y ellos compraron en 2001.
La actividad mercantil de esta sociedad en la que mis parientes tienen un porcentaje no debería aparecer mezclada un día tras otro con actuaciones presuntamente delictivas como los escándalos de Marbella, Ciempozuelos o Aldea del Fresno protagonizados todos, curiosamente, por políticos procedentes del PSOE.- Esperanza Aguirre Gil de Biedma. Presidenta de la Comunidad de Madrid.
Jueces enfermos y daños colaterales
La noticia publicada en EL PAÍS del 18 de octubre sobre el reconocimiento por el CGPJ de las patologías psíquicas que afectan a 30 jueces, confirma la sospecha de muchos ciudadanos efectos colaterales de esta guerra por el dinero que, vergonzosamente, queda reconocida. O sea que los intocables magistrados, con actuaciones por encima del bien y del mal a los que no se puede recusar por su independencia, son comunes mortales afectados por las mismas depresiones que los demás, encubiertas para que sigan cobrando: ¿dónde están las protestas éticas del colectivo llamado judicatura ante esta peligrosa situación? El ciudadano está en manos de la interpretación de la ley de un/a juez que puede tener un padecimiento que le perturba e incapacita para dar sentencias siquiera ajustadas a derecho.
¿Cuántas personas sufren las consecuencias de una sentencia, subjetivada por una patología, que ha destrozado sus vidas?
El problema se agrava en los Juzgados de Familia: jueces sin formación específica en la mayoría de los casos, donde el caos lleva a casos como el que yo presencié en los Juzgados de Madrid: Ante el no acuerdo entre los padres, una decisión salomónica: "Se acabó. Custodia compartida". Ella vivía en Granada con las dos niñas y él en Madrid. Sin comentario.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 24 de octubre de 2006