Rosendo Bonillo y su familia, propietarios de cinco chalés próximos a la playa de El Palmar (Vejer, Cádiz), estaban hartos de recibir multas, pagar abogados para recurrirlas y pensar en los expedientes de ilegalidad que pesaban sobre las viviendas que construyeron hace ocho años. "Hay veces que es mejor pensar en la salud que en lo material", asegura Bonillo. Bajo esa norma de vida, y pese a que aún no había recibido orden de derribo, optó el pasado martes por iniciar por su cuenta la demolición de todo lo construido. "Al menos así descansaremos tranquilos", afirma.
La familia Bonillo reside en Conil, donde es responsable de una distribuidora de frutas. Hace ocho años eligió El Palmar, una zona idílica junto al mar, para levantar sus chalés. "Sabíamos que era ilegal pero pensamos que quizá, con el nuevo planeamiento, algún día se podría regularizar", explica. De hecho, llegaron a pagar al Ayuntamiento de Vejer el impuesto de construcción, que aquel año les costó unos 5.400 euros. "Creo que un ayuntamiento no debería cobrar por algo ilegal pero nosotros lo pagamos", detalla.
Los quebraderos de cabeza comenzaron muy pronto. La Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía les abrió expediente por haber levantado sus chalés en zona de servidumbre que establece suelo protegido en 100 metros desde la costa. El Ayuntamiento también les multó en reiteradas ocasiones por haber construido sin licencia en una zona no permitida. Según los cálculos de la familia, ya han pagado 7.200 euros en sanciones económicas, sin contar las elevadas minutas de los abogados que tuvo que contratar para recurrir los expedientes abiertos.
Rosendo Bonillo cuenta que la decisión de llamar a las excavadoras fue consensuada por toda la familia. "La iniciativa la hemos tomado porque ya llevamos muchos años de expedientes obsoletos, de problemas que vuelven y se recrudecen. Nos estaban atacando la conciencia", relata. Así que, en un encuentro entre todos los parientes, se tomó la decisión: "Vamos a tirar, nos quedamos tranquilos, con la conciencia en paz y descansamos", se acordó.
Bonillo destaca que su decisión es voluntaria porque en ninguno de los expedientes se le indica fecha alguna para acometer el derribo. "Nosotros lo hemos hecho porque hemos querido. Tenemos expedientes como todo el mundo por aquí".
Según detalló ayer Diario de Cádiz, sobre el Palmar existen 500 expedientes por construcciones irregulares. El alcalde de Vejer, Antonio Jesús Verdú, cree que el ejemplo de la familia Bonillo será seguido por otros propietarios. "Es la muestra de que la presión de las administraciones surte efecto", aseguró, aunque lamentó que estas intenciones públicas no se vean respondidas en tiempo por las sentencias judiciales.
Verdú anunció que el Consistorio vejeriego seguirá "atacando el urbanismo descontrolado", a pesar de que muchos propietarios "sigan creyendo que son faroles". El Ayuntamiento prepara un plan de reforma interior que tratará de ordenar la zona.
Fuentes de la Junta de Andalucía admitían ayer que el caso de los derribos voluntarios en El Palmar no tiene precedente conocido. Rosendo Bonillo no quiere dar ejemplo. "Cada casa tiene su historia", dice.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de octubre de 2006