La Generalitat Valenciana aún debe 119.600 euros a los afectados por el síndrome Ardystil. Es a lo que ascienden los intereses acumulados desde que la Audiencia de Alicante dictó la sentencia, en junio de 2003, y que obligaba al Consell a indemnizar a los afectados por la responsabilidad civil subsidiaria del Inspector de Trabajo, Alfredo Ortolá. Este fue condenado por no advertir las graves deficiencias en el sector de la aerografía textil. La sección tercera de la Audiencia de Alicante difundió ayer una providencia en la que reclama por segunda vez esta cantidad por los intereses acumulados desde que el tribunal dictó la sentencia y hasta que los afectados por el síndrome comenzaron a cobrar los tres millones de euros a los que ascendían las indemnizaciones, dos años después. La Generalitat ya ha consignado 211.700,57 euros, de los 300.000 a los que ascendían los intereses.
Los afectados por el síndrome Ardystil valoraron la iniciativa de la Audiencia y avanzaron su intención de solicitar al Consell que se haga cargo de las costas procesales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de noviembre de 2006