La Corte Penal Internacional (CPI), única instancia permanente dedicada a perseguir el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, se ha estrenado con el caso de los niños soldado obligados a pelear entre 2001 y 2003 en la guerra civil de la República Democrática del Congo. El acusado, Thomas Lubanga, de 46 años, presidía entonces la Unión de Patriotas Congoleña (UPC) y habría coordinado un plan para reclutar a menores de 15 años. Además de abrir la labor de la CPI, la audiencia de confirmación de cargos celebrada ayer incluyó a víctimas del conflicto por primera vez en la historia de la justicia internacional.
La CPI fue concebida para no tener que crear más tribunales especiales como el de la antigua Yugoslavia y Ruanda, y convertirse en el referente de la lucha contra la impunidad por crímenes que afecten a la comunidad internacional. En este contexto, su debut puede considerarse "un hito al exponer el uso de niños para la guerra en el Congo y en el mundo entero", en palabras del fiscal general de la Corte, el argentino Luis Moreno Ocampo. Aunque la CPI irá creando jurisprudencia a medida que opere. La presencia de las víctimas puede considerarse un precedente.
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En el caso contra Lubanga, se trata de tres familias que ejercitarán una especie de acción directa expresando su opinión y pidiendo, si cabe, una compensación. Sus cinco hijos fueron alistados en las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (brazo militar de la UPC comandado por el propio acusado). También hicieron de guardaespaldas en el grupo especial formado para protegerle.
El país del oro
La guerra civil de la República congoleña empezó con la pugna por la tierra y los recursos naturales, en especial las minas de oro de la provincia de Ituri, al noreste del país. Los dos grupos enfrentados, hema como Lubanga (granjeros y ganaderos) y lendu (agricultores), acabaron envueltos entre 1999 y 2003 en una lucha interétnica azuzada de forma alterna por las vecinas Uganda y Ruanda. "Lubanga coordinaba el alistamiento y visitaba los campos para entrenarles. Allí les animaba a matar civiles sin distinciones; mujeres y niños lendu también. Luego les amenazaba con acabar con ellos o sus familias si escapaban", dijo ayer el fiscal Ekkehard Withopf.
El testigo aportado por la acusación no es, a esta altura del procedimiento, un menor. Pero sí se oirán las historias de tres niños y tres niñas empujados a primera línea por los hombres de Lubanga. Unos resultaron heridos en las piernas. Otros vieron morir a sus pequeños compañeros, y ninguno escapó a las órdenes de atacar a muerte a los rivales.
Según la fiscalía, "al menos 30.000 luchaban en los peores momentos la guerra civil congoleña". La ONU cree que más de 300.000 niños participan en diversos ejércitos y milicias rebeldes. Unas cifras denunciadas asimismo por Human Rights Watch, que ha elevado una petición a la CPI.
"Los niños en las guerras son una trágica realidad, pero los jueces no deberían olvidar los asesinatos, violaciones y pillajes perpetrados bajo el comando de Lubanga". La fiscalía ya anunció antes de la apertura de las sesiones que le acusaba de crímenes de guerra por los menores armados porque creía disponer de pruebas fehacientes. "En el futuro, no descartamos seguir investigando otros delitos", aseguró Fatou Bensouda.
En cuanto a Lubanga, ha negado todos los cargos y se considera un "político, no un miliciano". Para su letrado, el belga Jean Flamme, es un "pacificador abocado a un proceso político y castigado por la comunidad internacional por no hacer concesiones mineras en zonas explotadas por empresas extranjeras". Los tres jueces del caso, un francés, una gambiana y una brasileña, decidirán a partir del 28 de noviembre si ratifican el cargo de crímenes de guerra y empieza el juicio formal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de noviembre de 2006