La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, acudió ayer al Tribunal Constitucional para presentar, en nombre del Gobierno vasco, el recurso de amparo en la causa contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe. El Tribunal Superior de Justicia vasco ha encausado a Ibarretxe como presunto autor de un delito de desobediencia, en grado de cooperador necesario, al reunirse el pasado 19 de abril con Arnaldo Otegi y otros dos dirigentes de la ilegalizada Batasuna.
La vicelehendakari dijo que el encausamiento de Ibarretxe "contraviene la democracia, afecta al conjunto del sistema político y desestabiliza la realidad política y social de Euskadi". Zenarruzabeitia subrayó que se trata de la primera vez que se encausa penalmente a un lehendakari "por ejercer sus derechos de participación política" y acusó a los jueces de deslegitimar la vida política. "El objetivo de la reunión de Ibarretxe con Batasuna era la búsqueda de la pacificación y la normalización política de Euskadi", algo que el lehendakari "ha hecho, hace y seguirá haciendo", aseguró. "El lehendakari está a la altura de las circunstancias y del momento histórico que vive Euskadi", prosiguió Zenarruzabeitia, que achacó a la Ley de Partidos "el origen de situaciones como la que nos ocupa hoy". "Sus efectos antidemocráticos han tenido, en esta ocasión, una manifestación basada en el exceso interpretativo que hacen algunos miembros del Poder Judicial sobre el alcance de la ilegalización de Batasuna". Después dijo que celebrar una reunión política "nunca puede ser un delito" y recordó que hasta el Supremo ha determinado que "reunirse con ETA, no con Batasuna, no constituye delito alguno". Remarcó que el Poder Judicial "no puede desequilibrar la vida política" introduciendo "un elemento perturbador" en la actuación del lehendakari.
Ibarretxe criticó ayer, a preguntas del PP en la Cámara vasca, a los jueces que, "amparándose en una militancia patriótica, realizan juicios políticos que deslegitiman la justicia" y reiteró que exigirá la división de poderes, "rota porque se han suspendido los derechos del lehendakari", informa Isabel C. Martínez.
[La Sala de Gobierno del Superior vasco pidió ayer a la Abogacía del Estado que emita un informe de legalidad sobre la retirada por parte del Gobierno vasco de los pisos oficiales que disfruta la cúpula judicial en Euskadi].
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 11 de noviembre de 2006