La juez Gemma Gallego dictó ayer un auto en el que ve delitos de falsedad y/o falso testimonio y encubrimiento en los jefes policiales de los peritos del ácido bórico. Gallego convirtió ayer las diligencias en un procedimiento abreviado, lo que en la práctica significa que los cuatro jefes policiales pueden terminar en el banquillo si alguna de las partes presenta acusación. La juez sostiene que uno de los mandos hizo suyos análisis que él no había realizado. La fiscalía de Madrid verá el asunto en junta de fiscales decanos.
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La juez Gallego, candidata de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura al próximo Consejo del Poder Judicial, ha tomado una decisión diametralmente opuesta a la del juez Baltasar Garzón. Mientras Garzón exculpó a los jefes policiales y vio delito en la actuación de los peritos que redactaron el informe que vinculaba a ETA con el 11-M, Gallego exonera a los peritos y entiende que han podido cometer delitos de falsedad y encubrimiento los cuatro jefes del departamento de Policía Científica.
Los jefes policiales a los que imputa la juez son el número dos de la Policía Científica, Pedro Mélida; el jefe de Sección de la Unidad de Análisis, Francisco Ramírez, y el jefe de Análisis de la Policía Científica, José Andradas. A Miguel Ángel Santano, comisario general de la Policía Científica, le atribuye los mismos delitos y, "subsidiariamente", otro de encubrimiento.
"Idéntica sustancia"
La magistrada afirma en su resolución que el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige Juan del Olmo, solicitó el 14 de marzo de 2005 a la Comisaría General de Información un informe para que se hiciese "un estudio, análisis e informe pericial" sobre "las muestras de una sustancia [ácido bórico] intervenida" en un registro hecho en casa de Hassan el Haski, procesado por los atentados del 11-M. Según la juez, tras "analizar la sustancia", los peritos hicieron un informe e incluyeron en él "unas observaciones" relativas a "otros informes periciales" sobre el hallazgo "de idéntica sustancia". Es decir, que en el informe indicaron que también había sido hallado ácido bórico en casa de dos etarras detenidos en 2001 en Salamanca y en la de una persona antiglobalización detenido en Madrid.
La juez no menciona en su auto que este informe fue recuperado por el perito Escribano en julio de este año y que se le puso la fecha de su auténtica creación, en marzo de 2004. Este hecho llevó a Garzón a imputar a los peritos por falsedad. Según la juez, los superiores jerárquicos de los peritos consideraron "inconveniente" que se incluyesen esas observaciones. Y pidieron que fueran suprimidas tales observaciones al entender que se trataba de "opiniones subjetivas y elucubraciones", dado que el ácido bórico, según Garzón, es una sustancia que sirve, entre otras cosas, para "matar cucarachas".
Según la juez Gallego, al negarse los peritos a suprimir las observaciones, Ramírez "modificó" el informe, lo que hizo "con conocimiento y anuencia de los otros imputados". La juez atribuye a Ramírez que, al eliminar las "observaciones", se atribuyó él mismo la recepción de las muestras y la práctica de los análisis. Firmó el informe y lo elevó a Andradas, quien lo remitió a la Comisaría General de Información, que, a su vez, lo envió al juzgado de Del Olmo.
Gallego ha investigado este caso merced a una denuncia de la Asociación de Víctimas del 11-M, que patrocina la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, del PP. La magistrada insta a las partes a que en un plazo de 10 días soliciten más pruebas, acusen o pidan el sobreseimiento del caso. La fiscalía de Madrid someterá este asunto al criterio de la junta de fiscales decanos. De momento, la previsión de la fiscal del caso, Patricia González, es presentar acusación al menos contra Ramírez. Sobre la junta de fiscales pesará el caso Bono, en el que la fiscalía de Madrid no vio delito de falsedad, y la del Supremo, sí.
El 'caso Bono' pesará sobre los fiscales
La fiscalía de Madrid no tiene aún tomada una decisión sobre si acusará o no en el caso de los peritos del ácido bórico. El asunto será sometido previsiblemente a la junta de fiscales decanos, aunque, dado el principio de jerarquía que rige el ministerio fiscal, las decisiones de esta junta no son vinculantes para el fiscal jefe, Manuel Moix, ni para el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
De todas formas, lo normal es que la fiscalía mantenga la decisión que adopte su junta de fiscales decanos, aunque su postura final puede ser revocada por el fiscal general del Estado. En lo que sí coinciden los fiscales consultados es en que no quieren que vuelva a ocurrir lo sucedido en el caso Bono, donde la fiscalía de Madrid mantuvo que dos policías no habían cometido falsedad y, en cambio, la fiscalía del Supremo entendió lo contrario.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 11 de noviembre de 2006