El Parlamento exigió ayer a la multinacional Reckitt Benckiser que mantenga su actividad y la totalidad de los puestos de trabajo, tanto directos (194) como indirectos, en el municipio vizcaíno de Güeñes. El debate, en presencia de representantes de los trabajadores, dividió al tripartito, ya que el PNV y EA pactaron un texto con los socialistas, mientras EB mantenía uno propio y consideraba "cojo" el de sus socios de gobierno.
EB se mantuvo al margen de la iniciativa pactada entre sus socios y el PSE, por considerarla "insuficiente" y defendió en vano su propio texto, que incluía la petición de que que los suelos ocupados por la multinacional se vuelvan a recalificar como industriales para evitar el pelotazo urbanístico.
Su portavoz, Oskar Matute, tenía restringido el margen de acusación a sus socios, mantuvo las maneras y no explicitó lo que de censura a la actuación institucional tiene esa petición. En su lugar lo dijeron Julián Martínez, de EHAK, que acusó en la iniciativa original al Gobierno de haber posibilitado esta deslocalización con su política "neoliberal", y también el PP.
El popular Fernando Maura responsabilizó al PNV de ser el culpable del "pelotazo urbanístico" dado por la multinacional británica y de que su cierre le vaya a salir "absolutamente gratis", gracias a la aprobación de la recalificación del suelo que ocupa de industrial a urbanizable. Su grupo, subrayó, no sumaría sus votos a los del PNV y EA "por su responsabilidad en el caso", ya que ambos gobiernan tanto el Ayuntamiento de Güeñes como la Diputación de Vizcaya.
La resolución que salió adelante fue consensuada por el PNV, EA y los socialistas, mientras EHAK y el PP votaron en contra y EB y Aralar se abstuvieron. El texto insta al Gobierno a colaborar "con los promotores de proyectos empresariales alternativos dirigidos a la recolocación de las personas afectadas por procesos de deslocalización". También se pide al Ejecutivo que "desarrolle una actuación coordinada entre las áreas de Industria y Empleo, dirigida al mantenimiento de la actividad industrial en casos de reestructuración y deslocalización".
José María González, del PNV, recordó que la recalificación fue aprobada por unanimidad por el consistorio y destacó que, aunque "doloroso", el caso de Reckitt Benckiser es "aislado". Rafael Larreina, de EA, consideró que las instituciones vascas actúan con "diligencia" ante estas situaciones, mientras que la socialista Idoia Mendia sostuvo que las administraciones han sido "poco previsoras" y pidió mayor coordinación entre Empleo e Industria para posibles situaciones futuras.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 11 de noviembre de 2006