La Operación Ballena Blanca de marzo de 2005, la mayor actuación policial contra el blanqueo de dinero en Europa, supuso un antes y un después en la lucha contra el fraude financiero por parte de los notarios.
Aquella operación se saldó con 41 detenidos en la Costa del Sol entre los que se encontraban tres notarios que, según la investigación, podrían haber colaborado con la trama desarticulada por la policía.
El Ministerio de Economía y Hacienda ordenó en octubre pasado al Consejo General del Notariado a constituir el Órgano Centralizado de Prevención (OPC).
El objetivo del órgano de nueva creación era "reforzar, intensificar y canalizar la colaboración de los notarios con las autoridades judiciales, policiales y administrativas en la lucha contra el blanqueo de capitales".
La orden ministerial de Economía reforzaba la consideración de los notarios como "sujetos obligados" en su papel en la lucha contra este tipo de fraude. Los notarios reclamaban un órgano de este tipo.
Estrechar el cerco
Con la creación del OCP se pretendía estrechar el cerco a operaciones con dinero negro en sectores como el de la vivienda, el narcotráfico, la prostitución u otras actividades delictivas. La existencia del OCP permite que los 2.900 notarios que hay en España y que hasta la fecha actuaban de forma individualizada puedan centralizar todas las operaciones, lo que permite cruzar datos con procesos informáticos y detectar operaciones irregulares y fraudes. Un proceso que, según recalcan los propios notarios, por sí mismos les es difícil detectar y acometer.
Los integrantes del Órgano Centralizado de Prevención, según explica el Consejo del Notariado, son técnicos especializados en blanqueo de capitales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 14 de noviembre de 2006