Ambos tienen que ceder. PP y PSOE encallaron ayer en la negociación sobre el Estatuto balear, acordado por ambos en el Parlamento autónomo, por las diferencias en torno a la financiación. Los socialistas rechazan la disposición transitoria del texto por la que el Estado debe dotar al archipiélago de 3.000 millones de euros en 10 años. No habrá cifras concretas. El PP no acepta la fórmula a la catalana, de fijar la financiación de acuerdo al PIB.
De nuevo se intentará el próximo miércoles, toda vez que se ha constatado la voluntad de que el acuerdo alcanzado entre las dos fuerzas políticas en Baleares continúe en Madrid. Pero el parón lo ha provocado el sistema de financiación. Ahora ambos grupos buscan una fórmula distinta a la acordada en el Parlamento Balear, pero que pueda ser asumida por los dos partidos "aquí y allí". Las fuentes de la negociación reconocen que el acuerdo sería más fácil entre las planas mayores del PP y el PSOE, es decir, sin la intervención de sus respectivos compañeros de las islas. Pero cuentan con que el acuerdo debe satisfacer a todos.
De manera definitiva se ha tachado del Estatuto la disposición transitoria por la que el Estado debe dotar al archipiélago de 3.000 millones de euros en 10 años. El PSOE considera "inconstitucional" incluir cifras concretas. Ellos proponen la fórmula catalana, según la cual la inversión del Estado se realizará de acuerdo al PIB de las Islas, (2,5%), con correcciones y teniendo en cuenta las necesidades de las islas. Tampoco saldrá esta fórmula, toda vez que la dirección nacional del PP ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el apartado del Estatuto de Cataluña que basa las inversiones del Estado en el producto interior bruto. Ahora se buscará una fórmula objetiva y estable con "cláusulas de inversión del Estado que tengan en cuenta el hecho insular". Además, se añadirán "fórmulas transitorias de inversiones del Estado" para paliar las carencias acumuladas. Así lo señalaron dirigentes que asistieron en el Congreso de los Diputados a esta reunión en la que no hubo acuerdo final. El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, el portavoz constitucional, Ramón Jáuregui, negociaron junto al diputado y candidato a la presidencia de la comunidad, Francesc Antich, además de otros dirigentes socialistas. Por el PP, Soraya Saénz de Santamaría y María Salóm, encabezaban la delegación.
Desde Baleares el presidente de la comunidad, anticipaba su posición, cargada de pragmatismo. "Dentro o fuera del Estatuto, pero 3 000 millones". Para Jaume Matas es la cantidad que necesita Baleares en virtud de su deuda histórica en inversiones en infraestructuras. "Que el PSOE reivindique y nos defienda en Madrid", señaló. Esta declaración de Matas, anterior a la reunión bilateral en Madrid, animó a los socialistas, al ver que su decisión de no incluir cifras en el Estatuto ya no suponía una causa de ruptura total para el presidente balear.
Ahora bien, Matas consideró "irrenunciable e innegociable" la cifra señalada sobre inversiones que el Estado debe destinar a Baleares, de manera suplementaria, para las carencias en Educación y Sanidad, especialmente, fruto de una deficiente negociación de traspasos de competencias. Todavía está por discutir.
Matas, no vio satisfecha una de sus peticiones, que los socialistas siempre rechazaron. Pedía un régimen fiscal y económico similar al de las regiones ultraperiféricas, un estatus que no corresponde a Baleares.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 18 de noviembre de 2006