El 84% de los contratos adjudicados en 2004 por la Diputación de Vizcaya presenta deficiencias y en la mitad de ellos se aprecia falta de concurrencia, objetividad o publicidad, según el último informe del Tribunal Vasco de Cuentas. De los 37 expedientes analizados, por un importe de más de 156 millones, sólo seis carecen de alguna anomalía.
El informe del órgano que fiscaliza la actividad de todas las instituciones y administraciones vascas ha constatado por cuarto ejercicio consecutivo el retroceso en el cumplimiento de la legalidad en las contrataciones públicas en Vizcaya. Tras las mejoras registradas en la pasada década, la auditoría de 2001 vio deficiencias en 21 de los 68 expedientes estudiados entonces; en 2002 se ampliaron a 31 de los 37 contratos analizados; en 2003, hubo una reducción al registrarse las irregularidades en 27 de los 44 expedientes (un 61%) y en el último ejercicio examinado se ha incrementado de nuevo hasta el 84%.
El informe del Tribunal de Cuentas señala que el mayor número de deficiencias se debe a incumplimiento de plazos en los contratos, programas de trabajo y problemas de seguridad y carencias en el documento contractual. La falta de concurrencia sin publicidad se limita a tres casos en los que se recurrió a una declaración de emergencia "que no se acreditó suficientemente".
Como ocurre en otras administraciones autonómicas, se reprocha el fraccionamiento de contratos que podrían ser agrupados en uno conjunto, por un importe de 6,3 millones. Del informe sí se desprende que la adjudicación de obras o servicios sin publicidad ni concurrencia, que durante la pasada década era una de las principales irregularidades, se mantiene sólo en casos aislados.
Subvenciones sin concurrencia
El Tribunal de Cuentas critica que la institución foral vizcaína utilice con mayor frecuencia de lo exigible la concesión de subvenciones directas sin cumplir los principios de publicidad y concurrencia. La auditoría ha detectado que esta vía se empleó durante 2004 por un importe de 54,6 millones. "La Diputación debería limitar el uso de la vía excepcional, delimitando mejor los casos en que será admitida esta modalidad excepcional de concesión", señala el informe. Hay 11 casos por 3,1 millones en los que se conceden ayudas similares a una veintena de asociaciones y entidades, cuando podría haberse realizado mediante una convocatoria pública.
Igualmente, se cuestiona el encaje legal de las ayudas concedidas a algunos ayuntamientos por importe de 1,7 millones bajo el concepto de imprevistos, al considerar el tribunal que los hechos subvencionables no se corresponden a esa consideración. Otras 32 ayudas, por valor de 17,1 millones, han sido concedidas directamente, cuando podían haberse tramitado en convocatorias abiertas a la publicidad y concurrencia. Como en informes anteriores, se cuestionan los aplazamientos de deudas tributarias y se destacan cuatro casos por un cantidad global de 21,6 millones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 25 de noviembre de 2006