El presidente balear, Jaume Matas, reaccionó ayer con rapidez ante la detención del alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y del director de Ordenamiento Territorial del gobierno autonómico, Jaume Massot, por supuestos delitos urbanísticos. Al primero, que anunció su dimisión como alcalde y concejal, lo suspendió de militancia del PP; al segundo lo destituyó.
Los populares valencianos que dirige Francisco Camps, ajenos al ejemplo de su correligionario balear Jaume Matas, optaron ayer por arropar al alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, condenado en firme por prevaricación a ocho años de inhabilitación para cargo público.
¿Qué explica la diferente actitud de unos y otros? Para la cúpula del PP valenciano la diferencia está clara, "a Vilanova no se le acusa de meter la mano en el cajón". Cierto, se le condena por tomar decisiones a sabiendas de que eran injustas. Y además, eso le sucede a un "un bon xic" que no tendría rival electoral en el municipio si no fuese por los pleitos alentados por socialistas.
Esa circunstancia -sumada al hecho de que Vilanova no había recibido ayer la sentencia que le inhabilita como cargo público, y que el pleno de anoche fue una de sus últimas apariciones públicas- enardecieron ayer a los populares, que decidieron arropar masivamente al alcalde de Vila-real.
Sin embargo, la condena a Vilanova remueve dos elementos más en la conciencia de los dirigentes del PP. Primero, pese a la férrea resistencia del partido y su tesón por mantener en su puesto a distintos cargos imputados, la justicia se ha cobrado su primera sentencia condenatoria. Segundo, sin el caso Fabra -respaldado por Camps ostensiblemente pese al rosario de imputaciones- otros munícipes no se hubiesen atrevido a llegar tan lejos como lo han hecho. Para Vilanova, con fatales consecuencias.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 28 de noviembre de 2006