"Con las leyes actuales, la construcción es siempre razonable. El problema es que la Junta no las ha hecho cumplir, ha evitado realizar el control necesario. Por ello, se ha generado corrupción y alarma social. La pérdida de empleo se produce cuando hay políticas intervencionistas e improvisadas que generan caos e inseguridad jurídica. Éste es el riesgo que existe en Andalucía. Sin embargo, los andaluces no debemos pagar con pérdida de empleo el coste de la ineficacia y la indolencia de la Junta de Andalucía durante 20 años".
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* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 3 de diciembre de 2006