Ecologistas en Acción ha solicitado que se investigue las circunstancias en las que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), gobernado por Independientes Portuenses, otorgó una licencia a la empresa Golf El Puerto para la construcción de un campo de 18 hoyos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado ilegal este complejo y ha exigido al Ayuntamiento que anule la licencia.
Sin embargo, el grupo ecologista pide a la justicia que vaya más allá. "Creemos que además de una infracción administrativa se pueden haber cometido delitos, como el de prevaricación o el de malversación de fondos públicos", manifestó ayer Juan Clavero, portavoz del colectivo. El ecologista se basa en que los terrenos vendidos a Golf El Puerto -1,5 millones de metros cuadrados en la zona oeste de la ciudad- eran suelos de uso público de propiedad municipal. Posteriormente, el Ayuntamiento portuense vendió la parcela a esta sociedad, según Clavero, "dándole un trato de favor a la empresa", y recalificó el terreno para permitir la construcción del campo de golf.
El portavoz ecologista recuerda también que el dinero que el Ayuntamiento obtuvo en la venta de estos suelos debía invertirse en la construcción de viviendas de protección oficial, "cosa que no se ha hecho". "Además, la auditoría a la que ha sido sometida el Consistorio detecta falta de dinero, porque el terreno se vendió por debajo de su precio real, lo que ha provocado la pérdida de patrimonio del Ayuntamiento a costa del enriquecimiento de una empresa que ha recibido un trato privilegiado", añadió.
Denuncias
Ecologistas en Acción denunció estos hechos ante la Fiscalía de Cádiz hace unos meses, junto a otras operaciones urbanísticas desarrolladas en El Puerto que consideran "sospechosas".
El colectivo ha lamentado que la decisión judicial haya llegado cuatro años y medio después de que la licencia fuera otorgada, en abril de 2002. "Nos parece muy grave, porque es una irregularidad de la que habíamos advertido en varias ocasiones", se quejó Juan Clavero. Ecologistas en Acción presentó alegaciones a la recalificación del suelo, pero sus objeciones no fueron entonces tenidas en cuenta.
"A pesar de nuestras advertencias, tenemos un campo de golf que está funcionando porque ha estado permitido por el Ayuntamiento y por la Junta de Andalucía", señaló el portavoz del grupo, que recordó que la sentencia obliga a que los suelos vuelvan a tener carácter no urbanizable.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía afecta al campo de golf, al de prácticas, al edificio de mantenimiento del complejo y al tendido y la caseta de transformación eléctrica que suministra a la instalación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de diciembre de 2006