"Aquellas personas que renuncian a una VPO por la razón de donde está ubicada es porque no le hará mucha falta". Rosa Aguilar (IU), alcaldesa de Córdoba, ha mostrado así su desacuerdo con los 510 vecinos de la ciudad que no han querido comprar los pisos proyectados por la Gerencia Municipal de Urbanismo en la barriada del Guadalquivir. La regidora, además, lanzó una advertencia: "No podrán volver a tener una oportunidad exactamente igual".
Aquellos que falseen la documentación para los sorteos de VPO o rechacen los pisos que se les ofrecen sin una razón justificada deben ser sancionados como se estipule en los pliegos de los concursos. Según el Consistorio, a los que han rechazado las vivienda se les eliminará del censo actual y se les encuadrará, durante tres años, en el grupo preferente dos.
Andrés Ocaña, presidente de Vimcorsa, opina que la VPO "no puede ser un bien de inversión sino una respuesta a la necesidad social de las personas que no pueden acceder a los precios del mercado libre". Además, pide a la Junta que revise los mecanismos de sanción de la normativa de VPO.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de diciembre de 2006