La fiscalía de Madrid mantiene que hay, al menos, un delito de riesgo contra la salud pública en la conducta de los principales implicados en la Operación Puerto, el mayor escándalo mundial de dopaje en el ciclismo. Según fuentes jurídicas, para que se consuma ese delito no es imprescindible que los ciclistas manifiesten o acrediten haber sufrido daños físicos tras haberse sometido a algún tratamiento de los prescritos por el médico deportivo canario Eufemiano Fuentes.
El delito de riesgo, la posibilidad de producir un daño a la salud, está tipificado en el Código Penal y vendría determinado, según fuentes de la Fiscalía de Madrid, "por la ausencia de un control sanitario oficial de las más de 200 bolsas de sangre" que se incautó la Guardia Civil en neveras halladas en pisos vinculados al principal imputado en la trama del dopaje, Eufemiano Fuentes.
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José Luis Merino, el hematólogo imputado en estas diligencias, ha admitido haber extraído sangre a ciclistas en habitaciones de hoteles. "Pero también hay profesionales, como él, que extraen sangre en la calle para donaciones", señala un abogado. "Para sacar sangre fuera del circuito sanitario es preciso una autorización y supervisión oficial", mantienen fuentes jurídicas.
"Vía penal y administrativa"
Los abogados de los imputados dicen que la sangre, hasta que fue decomisada, se hallaba en condiciones sanitarias óptimas. "Otra cosa es lo que haya podido ocurrir con ella después de su decomiso", dice un letrado. "Neveras en casas particulares no son ninguna garantía sanitaria", oponen fuentes de la Fiscalía.
La estrategia de los abogados de los inculpados se empieza a definir. "Aun suponiendo que todo sea cierto, en España el dopaje no era delito cuando se desarrolló la Operación Puerto. De hecho, ha sido después cuando el Parlamento ha legislado para penalizar esta práctica", sostienen varios abogados.
El juez Antonio Serrano, instructor de la Operación Puerto, tramita estas diligencias por delito contra la salud pública. En ellas, los más de 50 ciclistas implicados siempre estuvieron considerados testigos. Pero ello no significa que las pruebas e indicios contra ellos que intervino la Guardia Civil vayan a quedar en agua de borrajas. Una fuente judicial explica: "Está claro, para que no haya más confusión, que en la vía penal los ciclistas son testigos, pero eso no significa que sean inocentes en la vía administrativa ante posibles sanciones de acuerdo con sus normas éticas".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de diciembre de 2006