La muerte de Augusto Pinochet obligará a los jueces a dictar un sobreseimiento definitivo de su participación en los casos en los que se le investigaba y le dejará en la impunidad, sin una sentencia. Al fallecer, Pinochet termina esquivando la justicia. Pero todos los casos en su contra -por violaciones a los derechos humanos y corrupción- seguirán abiertos para los otros inculpados o implicados. Difícilmente ellos podrán aspirar al trato privilegiado que la justicia otorgó al dictador.
El juez Carlos Cerda, instructor del caso Riggs, apartado del caso mientras la Corte Suprema resuelve un recurso en su contra que interpuso la defensa del dictador, afirmó ayer sentir pena y desilusión por la actuación judicial. "Pena, porque el Estado de Chile haya sido incapaz de ofrendarle a la patria, a la patria histórica, la verdad sobre las acusaciones que se dirigieron en contra de Pinochet". Y desilusión, porque en materia de derechos humanos, el poder judicial "incurrió en denegación de justicia y que muchos de sus miembros en su momento y hasta tiempos no muy lejanos, probablemente incurrieron en notable abandono de deberes", afirmó.
La mayoría de las 400 querellas contra Pinochet incluyen a otros responsables
Cerda, el juez que se atrevió a procesar altos mandos en la dictadura, mientras la mayoría de sus colegas callaban, y no llegó a la Corte Suprema porque la derecha votó en su contra, criticó también a la Corte de Apelaciones de Santiago de la que es miembro. Este tribunal fue "permisivo ante actitudes de algunas de las defensas puramente dilatorias", refiriéndose sin nombrarlo al equipo jurídico del dictador, cuya estrategia fue dilatar los casos antes que probar la inocencia de su cliente.
La intervención de Cerda provocó una réplica del presidente subrogante de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, para quien la justicia no quedó en deuda y hubo avances en varias causas. Pinochet "quedó sometido a proceso y si bien no se alcanzaron a terminar, eso fue por causas ajenas a ellos mismos", afirmó. En la misma dirección, el ministro de Justicia, Isidro Solís, sostuvo que los jueces llegaron a establecer la participación de Pinochet, en medio de las dificultades de investigación y de los atropellos a los derechos humanos.
Según Solís, las causas en que Pinochet figure como único responsable serán sobreseídas. Pero la gran mayoría de las cerca de 400 querellas presentadas contra el dictador incluyen a otros responsables de los crímenes. "La estrategia habitual en los casos era demostrar la responsabilidad de otros y después de la de Pinochet", explica el abogado querellante Eduardo Contreras.
Estima Contreras que lo más probable es que los procesos contra los otros implicados se aceleren, porque "con la cobardía que los caracteriza, ahora que Pinochet está muerto, lo culpen a él, lo que se parecería mucho a la verdad". Sin Pinochet, el camino para condenar a los militares y ex agentes se facilita, aunque a la vez se hace más complejo para juzgar la responsabilidad de los civiles que colaboraron con la dictadura.
Pinochet tiene 400 querellas presentadas en su contra en tribunales, desde la primera, interpuesta en 1998 por la fallecida ex líder del Partido Comunista Chileno Gladys Marín, por la detención y desaparición de su marido. En el momento de morir, el dictador estaba procesado en cuatro causas, había sido desaforado en 14 ocasiones y en seis casos fue sobreseído por distintos tribunales.
El juez Alejandro Solís sobreseerá a Pinochet en el caso por homicidio, torturas y secuestro y desaparición de las víctimas por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en su cuartel secreto de Villa Grimaldi. Según el criterio de este juez, que estaba próximo a dictar una condena, a pesar del sobreseimiento, de alguna manera los tribunales le juzgaron al desaforarlo varias veces. Para quitar el fuero, la justicia exige a los jueces formarse una "presunción fundada" de la participación del acusado en el delito que se le acusa.
En la causa por los crímenes en Villa Grimaldi -única por torturas en que el dictador fue procesado- se encuentran procesados tres generales, tres brigadieres y tres coroneles, así como oficiales del Ejército, todos retirados y ex miembros de la DINA, el mayor de los organismos represivos de la dictadura. Entre los procesados figura Manuel Contreras, el jefe de la DINA, que desayunaba a diario con Pinochet para darle cuenta de los progresos en la represión y que siempre ha declarado que su jefe era el dictador, y el brigadier Pedro Espinoza, número dos de este organismo. Ambos cumplieron condena por el crimen en Washington del ex ministro Letelier. También figuran en este amplio proceso varios de los oficiales que dirigían las sesiones de torturas a los presos, entre ellos, Marcelo Moren y Miguel Krassnoff.
Los nombres de ex agentes de la DINA se repiten en los procesamientos por los crímenes de la Operación Cóndor y la Operación Colombo, casos en los que también será sobreseída la participación del dictador. La Operación Cóndor fue la actuación coordinada de los aparatos represivos de las dictaduras suramericanas para exterminar izquierdistas. Esta coordinación se estableció en una reunión de aparatos de inteligencia realizada en 1975 en Chile, que encabezó el general Contreras.
La Operación Colombo fue uno de los mayores planes ejecutados en el marco de Cóndor. Consistió en simular que un grupo de 119 presos políticos en manos de la DINA se mataron en reyertas entre sí, para desacreditar las acusaciones por los casos de detenidos desaparecidos. La simulación llegó al punto de publicar en una revista y en diarios de Brasil y Argentina las listas de los muertos.
El caso por el que Pinochet estaba detenido en su domicilio cuando sufrió el infarto es la caravana de la muerte, una comitiva enviada a recorrer el país un mes después del golpe militar, al mando del general Sergio Arellano, que a su paso fue dejando una estela de 75 prisioneros políticos asesinados y sus cuerpos desaparecidos, para borrar las huellas. El juez Juan Guzmán procesó en 2001 a Pinochet por este caso como autor de los crímenes, pero después la Corte Suprema rebajó la calificación del delito a encubridor y lo sobreseyó por su supuesta demencia senil.El crimen en 1973 de dos escoltas del ex presidente Allende, por parte de la caravana de la muerte, supuso el último proceso del dictador. En caso están implicados otros cuatro militares. Uno de los abogados querellantes, Hugo Gutiérrez, sostiene que "los procesos seguirán igual su marcha para el resto de los acusados".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de diciembre de 2006