El viceconsejero de Justicia, Josu Sagasti, pidió ayer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior su colaboración para elaborar un nuevo decreto que amplíe los servicios mínimos para hacer frente a los efectos de la huelga indefinida en la Administración de Justicia. La comisión de la Sala de Gobierno creada para recabar informacion sobre el paro, que ayer se entrevistó con Sagasti, constató que existe un "abismo" entre las peticiones de los sindicatos y la oferta del departamento y calificó la situación de "callejón sin salida" .
Los miembros de la comisión del órgano de gobierno de los jueces, formada por su presidente, Fernando Ruiz Piñeiro; el juez decano de los jueces de Bilbao, Alfonso González Guija, y el secretario de la Sala de Gobierno, Iñaki Sánchez, escucharon las explicaciones de Sagasti, quien les detalló la propuesta que el departamento ha puesto sobre la mesa.
Fuentes de la comisión evitaron opinar sobre la propuesta gubernamental, aunque sí dejaron claro que "existe un abismo" entre las dos partes. La huelga indefinida comenzó el pasado 24 de octubre y se desarrolla todos los martes, miércoles y jueves. La "preocupación del departamento" por el devenir del conflicto, que ayer pudieron constatar los miembros de la comisión del Tribunal Superior, se tradujo en una solicitud concreta de Justicia a la Sala de Gobierno. "Nos han pedido colaboración para determinar la dotación de personal necesario para cubrir un nuevo decreto de ampliación de los servicios mínimos vigentes", explicó uno de los asistentes a la cita.
La Sala de Gobierno estudiará el próximo viernes esta petición, algo que en su día la propia sala sugirió para futuros conflictos ante el primer decreto de servicios mínimos elaborado por la consejería. Justicia ya intentó elevar los servicios mínimos con un nuevo decreto, que fue inmediatamente recurrido por las centrales convocantes de la huelga (ELA, CCOO, LAB, UGT y CSIF) y que el Contencioso echó atrás hace diez días.
La consejería pretendía ampliar el número de funcionarios implicados en esos servicios de 230 a 250. Aunque el viernes la Sala decida finalmente colaborar con Justicia para el nuevo decreto, el informe no estará redactado antes de fin de año, según la estimación en la Sala de Gobierno. "Hay que analizar cada jurisdicción y no es lo mismo la realidad en pueblos que en las capitales o en las audiencias que en los juzgados unipersonales", indican las fuentes informantes.
Los trabajadores de la Administración de Justicia, que han anunciado que reforzarán el paro a partir de enero, secundan la huelga indefinida para lograr la equiparación salarial los martes, miércoles y jueves, con lo que no ven mermado completamente su salario. Portavoces de Justicia indicaron que en la "reunión informativa" se trasladó a los representantes de la Sala de Gobierno la propuesta gubernamental, que según sus estimaciones se eleva a 5,2 millones de euros. Las centrales, por contra, aseguran que la oferta "tiene trampa", porque sólo se haría realidad en 2009.
Los efectos del paro están siendo muy profundos, sobre todo en la jurisdicción civil, prácticamente paralizada, pero también evidentes en la social, la de lo contencioso y la penal. Un dato que muestra el retraso que están teniendo las causas es que si la oficina de reparto saca a diario los asuntos que entran en los juzgados (lunes y viernes), dicha oficina acaba de sacar los que entraron el pasado 23 de noviembre, según fuentes judiciales.
El decano del Colegio de Abogados de Vizcaya, Nazario Oleaga, pedirá hoy a la Sala de Gobierno que se suspendan todos los juicios hasta que finalice la huelga, ante "los graves perjuicios" que se está causando a los ciudadanos. La pretensión de Oleaga es que, si no se suspenden las vistas, se adopte un compromiso para que se avise a los letrados con tres días de antelación.
"Vamos a exigir que si los jueces hacen señalamientos de juicios, que se celebren y no que el mismo día dejen de celebrarlos, porque es un perjuicio enorme" añadió el decano. Fuentes de la Sala de Gobierno argumentan que la decisión de fijar o suspender los juicios es jurisdiccional y se encuentra fuera de sus competencias.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de diciembre de 2006