La tarea que se plantean los socialistas será ardua. Un ejemplo: en uno de los últimos plenos de la Cámara, el PSE optó por posponer la moción en cuyo debate debían medirse Ibarretxe y López sobre una cuestión de tanto calado como el reparto de competencias en la comunidad. Estaba condenado a la irrelevancia emparedado entre las discusiones sobre torturas, enfrentamientos con el Poder Judicial y homenajes a etarras presos.
La estrategia del PSE pasa por tratar de romper esa dinámica en que esos otros asuntos lo tapan todo y actúan como cortina de humo ante lo demás. Ésa que propicia, señalan, que el Gobierno no se sienta suficientemente interpelado y logre salir indemne -a veces a base de desviar responsabilidades hacia la Administración central, otras por la garantía de que la repercusión mediática y social quedará amortiguada frente a las demás cuestiones- , sin pagar el precio político que problemas similares tendrían en una comunidad normalizada. No es que conflictos como los que viven en la actualidad los trabajadores de Justicia y de la enseñanza pública no universitaria pasen desapercibidos, ni dejen de ocasionar quebraderos de cabeza al Gobierno, pero el PSE tiene la impresión de que el desgaste del Ejecutivo en Euskadi es infinitamente menor del que sufriría cualquier otro, en no importa qué otra comunidad, en situacion similar. Y ello es así, analizan, por el hecho de que en Euskadi a los problemas domésticos se les superponen siempre los enfrentamientos a cuenta del conflicto vasco con mayúsculas: todo lo relativo al terrorismo y la normalización política. Es un terreno en el que el Ejecutivo se encuentra cómodo y que el PP parece tener la determinación de abonarle por interés propio, señalan fuentes socialistas. El Gobierno ha sufrido, junto a los dos conflictos citados abiertos a día de hoy, graves desencuentros en la UPV, donde se encontró antes del verano con la primera huelga general de profesores en 20 años, y el permanente de la sanidad. Cualquier Ejecutivo que se enfrentase en poco más de medio año a esos conflictos en áreas tan básicas como la enseñanza, la sanidad o la Administración de Justicia se hallaría en una situación delicada. Máxime si gobierna, como es el caso, en minoría, y los consejeros afectados pertenecen a diferentes partidos se reflexiona en medios socialistas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de diciembre de 2006