En el municipio alicantino de Pilar de la Horadada, de 20.000 almas, se han producido algunos hechos incontrovertibles. El Partido Popular ha ganado una moción de censura contra el alcalde socialista con la ayuda de dos concejales tránsfugas del PSOE, Josefa Meroño y Juan José Ortiz, con el fin de desbancar al alcalde socialista Ignacio Ramos y entregar la vara municipal al popular José Fidel Ros. Pero la dirección del PP ha abierto expediente a sus ediles para corregir este caso evidente de violación de la voluntad popular, en cumplimiento del pacto contra el transfuguismo suscrito en julio de 1998 por el PSOE y el PP. El pacto incluía el compromiso de rechazar en su grupo a un concejal integrado en la candidatura de otro mientras mantenga el cargo, que es lo que ha sucedido en este caso.
Existe un móvil plausible. El ex alcalde socialista decidió aparcar un proyecto para construir 5.200 viviendas en 2,6 millones de metros cuadrados de terreno rústico, que no está incluido en el Plan General de Ordenación Urbana. Un caso claro de exceso de ladrillo, dado que está pendiente la construcción de 8.000 viviendas. Será casualidad, pero en cuanto el alcalde legítimo congeló el proyecto, aparecieron oportunamente dos concejales dispuestos a defender que ya no confiaban en él.
Los partidos, con pacto o sin él, tienen muchas dificultades para acabar con la lacra del transfuguismo. Se practica con el mayor descaro -recuérdese el tamayazo que entregó la Comunidad de Madrid al PP- y es difícil que alguna instancia pública sea capaz de exigir responsabilidades. Y, sin embargo, es necesario que barrabasadas como las de Pilar de la Horadada tengan consecuencias. Cabe esperar que el expediente ahora abierto prospere en la buena dirección y no quede en humo de pajas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 13 de diciembre de 2006