Escribe Soledad Gallego, el pasado día 8, sobre la corrupción urbanística y la destrucción del territorio. Se pregunta dónde están los alcaldes y urbanistas que en los ochenta pregonaron aquel urbanismo comprometido. Creo que, sin olvidar algunas de esas responsabilidades, conviene ampliar ese listado.
¿Por qué los partidos políticos no se han atrevido con una ley que regule su financiación? Se ha reiterado que esa ausencia es la inicial coartada para la casi totalidad de los procesos de corrupción.
¿Por qué la sociedad admite sin el menor rubor procesos de reclasificación de terrenos -algunos realmente insólitos- para saldar deudas multimillonarias de equipos de fútbol, sociedades privadas simplemente mal gestionadas? ¿Qué equipo va a renunciar a ejemplos como el del Madrid, Murcia, Valencia, y los que vengan? ¿Qué alcalde o urbanista municipal va a oponerse a semejante "señal de modernidad" y salvación para su "equipo representativo"?
¿Por qué la prensa no rechaza un publirreportaje (sic) de ocho páginas de la "mayor ciudad de vacaciones de Europa"? Repasen su ejemplar del 8 de abril, donde al final se aclara que a este complejo tan anunciado le falta la aprobación definitiva de su plan. ¿Qué técnico podrá emitir un informe independiente con esa presión?
Reconozcamos que hay otros responsables (también en notarías, bancos, etcétera), algunos con conductas miserables. Y, más grave aún, parece difícil que la sociedad empiece a rechazarlos públicamente.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 13 de diciembre de 2006