El "reclutamiento masivo" de inspectores de Educación en comisión de servicio operado por el Gobierno de Francisco Camps, en noviembre, en puertas de las elecciones autonómicas de mayo, ha sido interpretado como otra vuelta de tuerca más del PP en su estrategia "iniciada hace diez años para consolidar una plantilla de inspectores afines al partido", según el sindicato STEPV que ayer anunció que ha presentado ante la Dirección General de la Consejería de Justicia la "impugnación de todos los nombramientos en comisión de servicios para ocupar puestos en la plantilla de inspectores de educación". Un volumen que, en este momento, representa el 64% de los 134 inspectores que hay.
El STEPV pide a Justicia que "dicte una resolución para que a partir del 1 de enero se anulen todas las comisiones de servicio que ocupan puestos de trabajo en la inspección educativa". Y exige que "se abra una bolsa de trabajo de inspectores, acorde con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, previstos en la orden del 17 de diciembre de 2006".
Al reclutamiento de 15 inspectores en noviembre y otros 28 en la última legislatura [ver EL PAÍS 11-12-2006] se añade el hecho de que entre los fichados hay "alcaldes del PP y concejales", que a su vez presiden las comisiones de cuentas y las juntas locales en sus ayuntamientos. CC OO denuncia además "la chapuza administrativa, que supone que jefes del servicio central de la inspección o coordinadores de área compatibilicen tan alta responsabilidad con tareas docentes privadas en los centros universitarios del Arzobispado de Valencia", pese a que ya fueron los "protagonistas de una agria polémica en 2000" cuando fueron nombrados a dedo y consolidados en una oposición, que contra toda jurisprudencia, computó los años en comisión de servicio.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 17 de diciembre de 2006