El funcionario Francisco Arrabal, responsable del registro de la subdelegación del Gobierno en Málaga, está citado a declarar hoy en un juzgado de la ciudad como imputado de un presunto delito de prevaricación por no haber aceptado en mayo de 2005 la documentación para la regularización de 43 inmigrantes.
Los hechos fueron denunciados por la Asociación de Contratistas con Organismos Públicos (Acop) que fue la que intentó entregar en un mismo paquete las solicitudes de regularización el 11 de mayo de 2005, último día del plazo extraordinario que concedió el Gobierno.
La subdelegación del Gobierno denunció a varios dirigentes de Acop de presuntos delitos de fraude, estafa y contra la hacienda pública y el presidente de la asociación, Antonio Villena, llegó a pasar dos meses en prisión, pero el pasado mayo una juez archivó la causa. Villena atribuye aquella denuncia a un intento de evitar la investigación de las supuestas irregularidades en la subdelegación, lo que considera "un claro abuso de poder".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 18 de diciembre de 2006