Entre contenedores diversos, un cargamento de olivos centenarios aguarda su turno para embarcar y partir al extranjero en el Puerto de Valencia. La escena no es del todo novedosa. Por camión, llevan años partiendo, especialmente desde la provincia de Castellón, hacia Francia, Bélgica, Holanda o Suiza, una circunstancia que ha movilizado a ciudadanos como los agrupados en la Fundación Penyagolosa para frenar este expolio natural.
Hasta tal punto que el mes de mayo de este año las Cortes aprobaron la Ley de Patrimonio Arbóreo Monumental para regular el arranque, transporte y comercio de estos ejemplares con sanciones comprendidas entre 18.000 y 500.000 euros para quien infrinja esta norma.
El Puerto de Valencia no respondió ayer a las llamadas de este diario sobre el origen y el destino de los árboles.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de diciembre de 2006