El Banco de España anunció que la deuda hipotecaria ha crecido un 22% hasta septiembre. La vivienda en una economía urbana, de producción industrial y de servicios, como es actualmente la española, se erige en uno de los pilares fundamentales para la integración ciudadana efectiva. El acceso a un alojamiento digno proporciona no sólo cobijo, sino también trabajo, escuela, salud, seguridad, bienestar e, incluso, estabilidad emocional, por lo que la gente se hipoteca hasta el límite, para mejorar la condición de sus hogares.
La política residencial cuando está mal diseñada constituye el primer factor de exclusión, multiplicando las actitudes egoístas e insolidarias, contrarias a la democracia participativa y a la cohesión social que los españoles pretendíamos conseguir desde 1978. Las Administraciones públicas, durante los quince últimos años, parecen haber olvidado esto y han dejado que la vivienda se convierta en un recurso para acumulación especulativa de riqueza, considerada más por su valor de cambio individual que por su valor de uso social, la dejadez administrativa ha propiciado que surjan los intereses más oscuros alrededor de la promoción inmobiliaria.
Ahora no basta con el cruce de acusaciones mutuas, resulta urgente, partiendo de un análisis exhaustivo de la realidad, fijar estrategias innovadoras y de coordinación de las tres Administraciones entre sí, y con los sectores empresariales más competentes, para alcanzar unos resultados con impacto positivo, tanto en la inmediatez del problema, como a medio y largo plazo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de diciembre de 2006