Asistimos con pasividad los ciudadanos de clase media (los que no tenemos dinero para una plaza de garaje, pero tenemos una cuenta corriente y/o una nómina en la que el Ayuntamiento de turno pueda embargarnos) al hecho de que la calle se haya convertido en una fuente más de ingresos para los ayuntamientos, para esos mismos ayuntamientos que han convertido la calle en pasto de la especulación urbanística. Llegados a este punto el ciudadano dependiente del uso del utilitario, habrá de añadir a sus impuestos en gasolina y de circulación el goteo constante de euros del aparcamiento en la mal llamada ahora vía pública (sin que ello le suponga una custodia del coche ni nada por el estilo).
Vemos pues cómo la iniciativa que surgió, con cierta legitimidad, como la necesidad de favorecer la movilidad en ciertas calles comerciales de las grandes ciudades, ha degenerado en un nuevo impuesto, que por su magnitud y características, es a mi entender mucho más calificable como extorsión, pues en la actualidad es un milagro encontrar en cualquier ciudad una acera que no tenga señalización de zona azul.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 31 de diciembre de 2006