La Asociación de Apoyo a Personas Presas Salhaketa presentó ayer una denuncia ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao por la aplicación del régimen de aislamiento al joven saharaui que se suicidó el pasado 16 de diciembre en la cárcel de Martutene de San Sebastián. El colectivo criticó que esa medida, "totalmente contradictoria" con el tratamiento de reclusos con antecedentes de suicidio, fue adoptada después de que el fallecido hubiera protagonizado al menos tres tentativas de acabar con su vida. En una rueda de prensa ofrecida en la sede de Salhaketa en Vitoria, los miembros de la asociación César Manzanos y Marta Aldanondo dieron a conocer una carta del recluso que acompañaba al fallecido (A.K.D.A.) en la celda de aislamiento. En ella se critica la tardanza de los funcionarios en intervenir tras descubrir al joven ahorcado, pero aún con vida.
Al margen de la denuncia que se presentará hoy en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, este documento será remitido esta semana a los juzgados de San Sebastián para que sea investigado. Por otra parte, Salhaketa denunció "la política de ocultamiento" aplicada en el caso del joven G.T.S., que el pasado 30 de diciembre de 2006 fue hallado muerto en su celda de la cárcel alavesa de Nanclares. Además, censuró "la nula iniciativa de actuación de las autoridades judiciales para esclarecer las circunstancias de estas muertes". Ambos casos elevan a 23 el número de fallecidos en los dos últimos años en cárceles de Euskadi y Navarra o de muertes de ciudadanos con residencia administrativa en Euskadi que permanecían internados en prisiones del resto del Estado español. Con el fin de acabar con esta situación, el representante de Salhaketa reclamó al ministerio fiscal que "no se inhiba" e investigue de oficio estas muertes e insistió en la necesidad de decretar el cierre cautelar de las dependencias de las cárceles de Nanclares y Martutene "que no reúnan las condiciones mínimas de habitabilidad". La asociación también solicita "la inmediata reforma" de la legislación penal y penitenciaria "que alarga innecesariamente las condenas", así como la reducción del número de presos "hasta la capacidad óptima de cada prisión". Igualmente, plantea la excarcelación de los reclusos con enfermedades graves y la supresión de los regímenes de incomunicación y aislamiento.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de enero de 2007