El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por Comisiones Obreras contra el decreto de liberalización de Correos. La norma, que aprobó el Consejo de Ministros a principios de noviembre, permite alquilar la red postal pública a los operadores privados. Esas empresas podrán usar los medios y la estructura de Correos, lo que para el sindicato puede provocar "la quiebra económica" del sistema público.
Comisiones Obreras critica el "trasvase de recursos públicos al ámbito privado, favorecido por el Gobierno" y subraya que la iniciativa del Ejecutivo es única en el sector postal europeo, con la excepción del Reino Unido. No obstante, la apertura de Correos a la empresa privada se enmarca en la directiva europea de liberalización que vio la luz el pasado 30 de mayo. El sindicato lamenta que el Gobierno español haya adoptado "una posición de vanguardia" en este terreno.
En España ya está liberalizada la prestación de servicios postales. La novedad del decreto aprobado por el Gobierno consiste en que las empresas podrán alquilar las instalaciones y el personal públicos. De esa forma no tienen que disponer de una red tan extensa para prestar el mismo servicio. Comisiones Obreras teme que haya zonas que, por deficitarias, no sean atendidas por operadores privados.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de enero de 2007