La Xunta está pagando los gastos de alquiler de vivienda, electricidad, agua y teléfono a algunos miembros del Ministerio Fiscal, según denunció ayer a través de una pregunta parlamentaria el diputado nacionalista Iago Tabarés. Esas percepciones, asegura el parlamentario del BNG, "carecen de base legal que las justifiquen" y están dando lugar a situaciones "tan injustas como injustificables", porque entre sus beneficiarios se cuenta el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ourense pero no sus homólogos del resto de las provincias.
El presidente de la Audiencia orensana, asegura Tabarés, no recibe las citadas prestaciones a pesar de que es la máxima autoridad judicial en la provincia y "ni siquiera dispone de un vehículo institucional adecuado a sus funciones representativas".
El diputado explica en su pregunta que aunque la existencia de estas "prestaciones extrasalariales" tienen su origen en el anterior Gobierno siguen en vigor en la actualidad, a pesar de que "son muchas las necesidades y carencias de la llamada administración de la Administración de Justicia".
La pregunta parlamentaria plantea a la Xunta cuál es "el fundamento legal" que justifique los pagos, cuántas autoridades los reciben y qué piensa hacer al respecto en el futuro.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 27 de enero de 2007