Paloma Puerto, una trabajadora de una Organización No Gubernamental, estaba ayer contenta y tranquila. Acudió al sorteo sin nervios. Sabía que sería propietaria de una de las 80 VPO en el Polígono Guadalquivir que nadie quiso en 2004. Tendrá que pagar por su piso nuevo 78.130 euros, muy por debajo del precio del mercado libre.
"No entiendo cómo la gente la rechazó en el sorteo anterior. Si lo que queremos es una vivienda, ¿qué más da dónde esté? Claro que todos queremos una en el centro, pero no puede ser", dice Puerto.
"Yo preferiría un piso en Arroyo del Moro [una zona acomodada de la ciu-dad], pero no tengo 40 millones de pesetas", añadió José María Valverde, funcionario y, desde ayer, propietario de una VPO en el Polígono Guadalquivir.
La mayoría de los asistentes al sorteo coincidieron en la necesidad de sancionar severamente a las personas que han rechazado adquirir las viviendas. "Deberían prohibirles de por vida que se puedan presentar", pidió Valverde. La ley establece que aquellos que falsifiquen la documentación o rechacen la VPO sin razón justificada serán sancionados. El Ayuntamiento ha anunciado que las personas que han rechazado los pisos se les eliminará del censo actual y se les encuadrará, durante tres años, en el grupo dos, es decir, en el que tiene menos posibilidades de conseguir una VPO.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 31 de enero de 2007