¿De dónde procede la legitimidad de un Estatuto de Autonomía? ¿Es el voto de los ciudadanos en el referéndum de ratificación del mismo el único canon con el que valorar su legitimidad o, por el contrario, debe valorarse su proceso de elaboración en su integridad?
La pregunta viene a cuento de la última reflexión de Julián Álvarez (PA) acerca de la falta de legitimidad que tendría el nuevo Estatuto para Andalucía, si el número de los ciudadanos que lo ratificaran el 18 de febrero fuera menor que el número de ciudadanos que votó en el referéndum del 28 F de 1980. Se trata de un argumento ventajista. Álvarez no puede no saber que el referéndum del 28 F y el próximo del 18 F son de naturaleza distinta. En el primero se trataba de dilucidar si Andalucía se constituiría o no en comunidad autónoma por la vía del artículo 151. En el segundo esto está por encima de toda discusión. Se trata solamente de ratificar una reforma de un estatuto del 151. Se celebra únicamente porque Andalucía es comunidad del 151. Por eso en la Comunidad Valenciana no se ha celebrado. Y en Cataluña sí.
Quiere decirse, pues, que lo que hay en juego hoy no tiene nada que ver con lo que había en juego en 1980. Entonces el referéndum era el único canon de legitimidad de la autonomía andaluza. Hoy ya no lo es. Desde entonces hemos tenido siete elecciones autonómicas, en las cuales los ciudadanos andaluces han elegido a sus representantes de una manera que deja pocas dudas acerca de sus preferencias. Los parlamentarios elegidos en la séptima legislatura son los que han hecho la proposición de reforma del Estatuto y son los que la han pactado después con las Cortes Generales, consiguiendo que fuera aprobada prácticamente por unanimidad.
La reforma estatutaria andaluza tiene ya, por tanto, la legitimidad que le proporcionan el Parlamento de Andalucía y las Cortes Generales tras un proceso de discusión muy prolongado, en el que han participado no solamente los parlamentarios democráticamente elegidos sino representantes de la sociedad andaluza a los que se dio un amplio trámite de audiencia. La gestación de la reforma estatutaria andaluza ha sido de una calidad democrática extraordinaria.
Ahora tiene que ser ratificada en referéndum por los ciudadanos y no cabe duda de que es un momento importante en el proceso. Pero más porque es una exigencia jurídica que porque sea una necesidad política. En contra de lo que dice Álvarez, en el referéndum del 18 F no estamos ante un problema de legitimidad, sino de legalidad. El referéndum tiene que celebrarse no porque existan dudas acerca de la legitimidad de la reforma pactada entre el Parlamento de Andalucía y las Cortes Generales. La inmensa mayoría de los ciudadanos andaluces, a tenor de lo que nos dicen todos los estudios solventes, están de acuerdo con el contenido del nuevo estatuto, es decir, se sienten representados por quienes ellos eligieron en Andalucía y en España para que hicieran la reforma. No hay indicio alguno de que pueda haber una contradicción entre lo que han querido los representantes y lo que quieren los representados. No hay por tanto ningún problema de legitimidad en juego.
El referéndum del 18 F es importante porque un referéndum siempre lo es. Pero el referéndum no es más que el acto a través del cual se cierra un proceso muy largo, en el cual se ha ido constituyendo paso a paso una voluntad, primero exclusivamente andaluza y después una voluntad simultáneamente andaluza y estatal. El próximo 18 F, a diferencia de lo que ocurrió el 28 F de 1980, no se constituye una voluntad, sino que se dice sí o no a una voluntad ya constituida a través de los órganos constitucionales y estatutarios previstos para ello.
Las comparaciones, ya se sabe, son odiosas, pero en este caso es que solamente se puede hacer desde el desconocimiento del diferente lugar que se le asigna al referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica (28 F) y al de ratificación de la reforma del estatuto (18 F) en el texto constitucional.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de febrero de 2007