El grupo parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) desdramatizó ayer la eventual presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Dependencia en defensa de las competencias de la Generalitat en materia de asistencia social. La portavoz adjunta de ERC, Anna Simó, hizo una cerrada defensa del núcleo de la ley, que es la introducción del derecho universal a recibir asistencia social, pero dijo que su partido está estudiando la conveniencia de llevarla al Tribunal Constitucional "para blindar las competencias de la Generalitat" que según un dictamen del Consejo Consultivo han sido "absorbidas"
indebidamente por la ley.
La paradoja consiste en que esta ley fue aprobada en las Cortes con los votos de los socialistas, ERC e Izquierda Unida-Iniciativa Verds (IU-ICV) tras una ardua negociación que tenía por objetivo, dijo ayer Simó, limar la "infumable" concepción "centralista" del proyecto inicial.
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Las modificaciones, sin embargo, no fueron suficientes para convencer a Convergència i Unió (CiU) ni al Partido Nacionalista Vasco (PNV), y ahora ambas fuerzas están decididas a llevar la ley al Constitucional con el argumento esencial de que invade competencias atribuidas a sus comunidades como exclusivas por sus respectivos estatutos de autonomía.
Este criterio ha sido avalado con contundencia por el Consejo Consutivo de la Generalitat, que ha emitido un dictamen a petición del grupo de CiU. Y, vistos los argumentos del Consultivo, CiU ya ha anunciado que propondrá en el Parlament la presentación del correspondiente recurso si el Gobierno catalán no se decide a hacerlo.
Los votos de CiU y ERC serían suficientes para aprobar la presentación del recurso, pero si lo hicieran con la oposición del Partit dels Socialistes (PSC) e ICV abrirían una crisis en la alianza de izquierdas que tanto los republicanos como sus socios están absolutamente decididos a evitar, como han hecho a propósito del recurso contra el decreto del Gobierno central sobre enseñanzas mínimas.
El resultado del debate en el seno de Esquerra puede condicionar la opción del Gobierno catalán. El PSC se ha mostrado contrario al recurso, declaró ayer su portavoz, Miquel Iceta. Su homóloga de ICV, Dolors Camats, también puso por delante la prioridad de no entorpecer la aplicación de la ley. Pero ayer admitió que un recurso para defender las competencias de la Generalitat no tiene por qué implicar la suspensión de la ley. Eso fue también lo que argumentó Simó. Se trataría de hacer con toda naturalidad, dijo, lo que el Gobierno central ha hecho tantas veces e hizo hace poco, por ejemplo, con la ley catalana del Audiovisual.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de febrero de 2007