La Generalitat planteó ayer la posibilidad de que un mismo título ofertado por varias universidades valencianas, y que cuente con pocos alumnos, sea troceado entre los distintos campus. Partiendo de la base de que la demanda se concentra en los primeros cursos, y desciende en los siguientes, en parte debido al abandono, el secretario autonómico Emilio Barberá lanzó ayer la idea con un ejemplo: Primero y segundo de Derecho seguirían siendo impartidos en las cuatro universidades públicas, como ocurre hoy. Los tres cursos siguientes, en cambio, se concentrarían sólo en un par de universidades. Barberá considero la iniciativa como una "armonización" con el mínimo gasto y coste de desplazamiento.
El Consell ya adelantó la semana pasada su intención de abordar el exceso de títulos. Una situación puesta recientemente encima de la mesa por el Atlas de la España universitaria elaborado por la Universidad de Cantabria.
A pesar de ello, y aunque parezca contradictorio, el Consell aprobó hace dos semanas el proyecto de Ley de Títulos universitarios valencianos, que Barberá desgranó ayer. El secretario autonómico calcula que la norma permitirá la aparición de "60 ó 70" nuevas titulaciones que tendrán carácter oficial en territorio valenciano y que, eventualmente, podrían servir incluso para presentarse a oposiciones de la Administración autonómica. Las carreras, de duración flexible, no gozarán de reconocimiento oficial en el resto del Estado. Su utilidad dependerá en ese caso de su prestigio.
El mercado regula
Barberá puso varios ejemplos, ente ellos, Ingeniero en GPS, Biólogo de L'Albufera. Y señaló que, según sus cálculos, la nueva oferta podría atraer a unos 3.000 alumnos. La proporción de estudiantes por cada título nuevo, 42, resultaría reducida y lejos de los parámetros de viabilidad (70 ó 125 alumnos de nuevo ingreso cada año) que se manejan, admitió el secretario autonómico, quien, sin embargo, consideró que la variedad en la oferta académica es el camino para que las universidades den respuesta a las demandas de la sociedad. Los títulos serían regulados "probablemente" como los actuales títulos propios de las universidades; es decir, sus precios no serán públicos sino fijados por cada universidad.
La medida parece solaparse con la reforma universitaria del Gobierno, que ya prevé que las universidades puedan ofertar con flexibilidad los títulos de Grado y de Posgrado que ellas proponga. Barberá cree que hay espacio para todos, y que será el mercado el que se encargará de modular la oferta.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de febrero de 2007