En relación con el reportaje Guerra del pan en Ceuta (EL PAÍS, 26-1-2007), me gustaría aclarar que el comercio ilícito en la zona fronteriza de Ceuta forma parte de la realidad cotidiana que cada una de las partes finge ignorar. La economía informal y diversos tráficos, incluso los de seres humanos y de drogas, son válvula de escape y fuente de ingresos para los dos lados de Tarajal. Los ceutíes rechazan a subsaharianos, a menores marroquíes no acompañados y a productos alimenticios de la zona colindante, pero sobreviven gracias a la "exportación" de mercancías caducadas que se exponen hasta en las calles céntricas de Rabat y de Casablanca. Esta realidad es tan insoluble como el contencioso territorial que aviva las tensiones entre los dos Estados: es lo que se llama realpolitik o "la política de la avestruz". Debemos preguntarnos sobre los acuerdos concluidos entre los dos Gobiernos, pero no conocidos, que autorizan a traficantes marroquíes fletar caravanas de camiones para traer de Ceuta y Melilla electrodomésticos, cereales, zumos, semillas y hasta ordenadores y medicinas.
La reacción de los panaderos de Ceuta es lógica en un Estado de derecho donde se respetan las reglas que regulan el comercio y protegen la salud pública. ¿Qué dirían ahora, en el otro lado, los protectores de los señores de la frontera que desafían cada día todas las leyes, convenios y ética comercializando impunemente mercancía con código de barras no certificado y no válido fuera de España? El silencio es sinónimo de conspiración contra los intereses de la sociedad y de debilidad ante peligros potenciales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de febrero de 2007