Si hablar con delincuentes (o presuntos) es delito, es que nuestra democracia se asfixia. En esta situación hay que reclamar en la calle algo tan primigenio como la libertad para hablar. Los jueces no son nuestros representantes, por mucho que lo pretendan. Ammu.
Ibarretxe, como cualquier ciudadano de este país, tiene derecho a hablar con quien considere oportuno. El Gobierno vasco está dando sobradas muestras de colaboración antiterrorista y es obligación de su presidente buscar el final de la violencia. El diálogo no se puede criminalizar. Bribon.
Se ve claramente que Ibarretxe pretende que el cargo que ocupa se equipare al de un jefe de Estado, con inmunidad. Rafacimata.
Con esta judicatura tan ineficaz y tan politizada en un sentido conservador, este país nunca abandonará el Tercer Mundo. A dos de los poderes del Estado, legislativo y ejecutivo, los elegimos los ciudadanos, pero ¿quién elige a los jueces? Se debería llevar a cabo una reforma para que el juez sea elegido por el pueblo y por un periodo limitado de tiempo, como en Estados Unidos. Es ridículo que un puñado de jueces aumente nuestra crispación y lance el mensaje de que aquí mandan ellos. Alfie.
A Ibarretxe probablemente le salve la doctrina de una anterior sentencia del Tribunal Supremo. Él, que ha defendido el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como último organismo para recurrir, ¿sigue pensando igual ahora? Inna.
Ibarretxe no ha cometido ningún delito al reunirse con Otegi (una sentencia del Supremo sienta claro precedente a su favor). El juez podría haberse ahorrado una imputación que no tiene futuro; el que no lo haya hecho demuestra que el juez está influido por una ideología política que busca con ahínco el enfrentamiento. Las manifestaciones de apoyo a Ibarretxe tampoco son delito. TalesdeMileto.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de febrero de 2007