La consejera de Justicia de la Generalitat, Montserrat Tura, anunció ayer que una de las 10 medidas principales de su departamento será la puesta en marcha de un programa de apoyo integral a las víctimas de delitos. Se trata de una iniciativa dirigida a las personas más vulnerables -niños, inmigrantes o jubilados- que hayan sufrido delitos violentos. Su aplicación abarcará desde la interposición de la denuncia hasta la finalización de la condena contra el autor, si se da el caso.
La titular de Justicia también anunció la creación de la Agencia Catalana de la Ejecución Penal en la Comunidad, que velará por el cumplimiento de las condenas, incluidas las medidas penales alternativas, así como la elaboración de una ley de mediación y la creación del Centro de Mediación de Cataluña.
En el turno de intervención en la comisión de Justicia, Derecho y Seguridad Ciudadana del Parlament, la nacionalista Núria de Gispert exigió de Tura diálogo con todos los profesionales del mundo jurídico. También reclamó que reconsidere el proyecto de la Ciudad Judicial y se unifiquen todas las jurisdicciones en lugar de dispersarlas. En eso, De Gispert coincidió con la portavoz del PP, Montserrat Nebrera. aunque ésta se mostró más elocuente al afirmar que ese proyecto arquitectónico que se está levantando en la frontera entre Barcelona y L'Hospitalet parece un "coitus interruptus" por los replanteamientos que ha vivido.
Tura respondió con obviedades, al asegurar que la Ciudad Judicial es "una gran oportunidad" que no estará "exenta de problemas" y añadió que "debe existir un diálogo y complicidad con los implicados". Los jueces de Barcelona censuran que se les haya marginado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 9 de febrero de 2007