La sociedad se sorprende una y otra vez ante los graves escándalos que se suceden en torno a la administración municipal. Se busca a los culpables, y los partidos políticos personados en la gestión atacada como corrupta abren expedientes de expulsión o culpan al otro partido de persecución, o sencillamente pasan del asunto amparándose en la presunción de inocencia. Pero lo que no se dice es que nuestro sistema democrático establece medidas de control que, ejercidas debidamente, pueden detener el lamentable espectáculo que, especialmente antes de los procesos electorales, salta a las portadas de los medios de comunicación.
Un Ayuntamiento que adopta una decisión está obligado a remitirla a la comunidad autónoma (la que sea, aquí no hay diferencias en este tema) y el Estado, que disponen de un periodo de tiempo para que, atisbada cualquier sospecha de agresión a la ley, ejerzan, con la debida responsabilidad y conforme a las reglas dadas, esas medidas de control. Afortunadamente, los elementos de control están también a disposición de particulares, ya sean vecinos o asociaciones para su ejercicio, quienes han desempeñado el papel que algunos poderes públicos no han hecho como es debido.
El control del ejercicio del poder es algo consustancial y vertebral de un Estado social y democrático de derecho, y a quienes disponen de esos instrumentos también hay que someterles al juicio democrático que supone un proceso electoral.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 12 de febrero de 2007