El teléfono móvil es un instrumento de gran utilidad para que los padres tengan localizados a sus hijos. Éstos lo han incorporado a su piel hasta el extremo de creer que es un medio para utilizar en cualquier ámbito y con cualquier fin. Asistimos asombrados en España y en otros países a casos de acoso a profesores o escolares filmados con móviles. Regular su empleo en los centros de enseñanza forma parte de la disciplina, un concepto que por desgracia no está hoy muy en boga.
La Comunidad de Madrid tiene previsto aprobar por decreto la prohibición del uso del celular y de otros aparatos electrónicos en las aulas de los centros educativos de la región, así como establecer un sistema de sanciones que pueden llegar hasta la expulsión en los casos de difusión de agresiones grabadas desde el móvil. La iniciativa no parece desafortunada. Al contrario, hay que pensar que va en la dirección correcta por mucho que los estudiantes opinen que se trata de un ataque al sector educativo y algunas representaciones de padres afirmen que se va por mal camino si se pretende mejorar la convivencia en las aulas restringiendo el uso de estos aparatos. Cierto, eso sólo no basta.
Si hay que poner alguna pega a la idea es que el Gobierno autónomo no haya consultado previamente a padres, profesores y alumnos. En realidad, en los centros públicos de enseñanza de la comunidad madrileña existe ya la norma de prohibir el uso de los celulares a través de los propios reglamentos de régimen interno. Pero no siempre es fácil de aplicar. Los profesores tienen que librar en ocasiones una doble batalla frente a los alumnos y sus padres, que critican la calidad de la enseñanza pero son los primeros en dar mal ejemplo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 17 de febrero de 2007