La Fiscalía coordinadora de Medio Ambiente ha enviado al Fiscal del Tribunal Superior de Castilla y León una denuncia penal contra los responsables de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León que permitieron durante 12 años el funcionamiento de una mina a cielo abierto en un monte protegido de Villablino (León) pese a no tener licencia urbanística ni ambiental. La fiscalía afirma que la actuación de los políticos de la Junta "podría vulnerar" seis normas ambientales y "podrían indiciariamente ser constitutivos de un ilícito penal".
La denuncia fue presentada por el catedrático de Derecho Administrativo Carlos González Antón en nombre de un vecino afectado por la mina. El texto acusa de prevaricación al actual consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, a su antecesora y vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, y a otros cinco cargos de la Junta (todos del PP) por "informar, autorizar y consentir por omisión una actividad minera en un espacio protegido y sin licencia". La denuncia se produjo después de que en noviembre de 2005 un juzgado dictaminara que la mina del Feixolín era ilegal e ilegalizable.
Tras esa sentencia, el Ayuntamiento de Villablino impuso una sanción a la mina de 170 millones de euros, la mayor multa por infracción ambiental y el equivalente a los beneficios de la mina en esos años. El expediente, notificado ayer, desglosa la multa en 129.071.078 euros para la empresa MSP, la mayor minera de España, y 67.343.068 euros para su director facultativo, Alfonso Blanco. La empresa y su directivo defienden la legalidad de la planta y recurrirán.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 17 de febrero de 2007