El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Manuel de Barros, ha presentado una demanda ante el juzgado contencioso administrativo número 3 de Alicante en la que solicita la anulación de la aprobación del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución 1 del plan parcial Benalúa Sur, conocido como el plan de las harineras, al que la junta de gobierno dio luz verde el 29 de mayo del año pasado. La petición pretende frenar la decisión del Consistorio que preside Luis Díaz Alperi de pagar el 50% de los costes de la urbanización externas de esta zona. Obras que se estimaron en su momento en 506.422 euros, lo que implica que el Ayuntamiento debería aportar 253.211 euros.
La demanda argumenta que la decisión del Ayuntamiento de Alicante de asumir la mitad de este gasto "va contra todos los informes obrantes en el expediente, va contra un acuerdo plenario y por supuesto, va contra la legislación vigente en su momento" en referencia a la LRAU en la que no se recoge ninguna obligación del Ayuntamiento para asumir costes, y por ello reclama su nulidad.
El plan de las harineras, que prevé viviendas de lujo, ha estado rodeado de polémica desde el principio. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, a denuncia de los socialistas, inició en 2004 una investigación sobre este plan. Alperi firmó, durante la tramitación del mismo, un acuerdo con los responsables de dos industrias harineras para que desmantelaran sus instalaciones indemnizándoles con la cesión de suelo público valorado en 13 millones de euros.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de febrero de 2007