Desde el momento mismo de su nombramiento, el PP ha incorporado al nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a su catálogo de motivos de bronca, con la seguridad de que el ministro no hará nada por evitarla. En la sesión de control del miércoles le llamaron sectario, hooligan y cosas peores, y él respondió según su estilo.
El ambiente bronquista, que pareció agradar a gran parte de las dos bancadas principales, impidió afinar los argumentos sobre una cuestión bastante seria: ya en su toma de posesión, el ministro había calificado de "ilegítima" la composición actual del Consejo del Poder Judicial, que lleva más de tres meses en funciones, utilizando el argumento de que no refleja la composición actual del Parlamento. Así formulado, es un mal argumento. La composición del Consejo no tiene por qué reproducir la relación de fuerzas parlamentarias, y de hecho la Constitución le otorga un mandato de cinco años para que no coincida exactamente con el periodo de una legislatura.
Pero no tiene razón el PP al ignorar la otra parte del argumento: que, dado que se necesita una mayoría de tres quintos para los nombramientos, la oposición está ejerciendo una especie de veto que bloquea la renovación del Consejo; lo que en la práctica equivale a prolongar el mandato del elegido en 2001, cuando el PP tenía mayoría absoluta. Esto es lo que debe ser denunciado como un abuso.
No hay renovación sin consenso, y el ministro, responsable sobre todo del buen funcionamiento de la justicia, está obligado a propiciarlo por todos los medios a su alcance. No es seguro que la táctica de entrar a todas las provocaciones de la oposición para garantizar que siga la bronca sea la mejor manera de conseguirlo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de febrero de 2007