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Rafael Ramírez y Francisco Navarro / P. PERIS
La sentencia del Tribunal Constitucional, aprobada en pleno el día 15 pasado, sobre la constitucionalidad de los acuerdos de 1979 entre España y el Estado vaticano acerca del estatus laboral del profesorado de religión en la escuela pública, desató ayer severas críticas y encendidas alabanzas según los sectores.
El calvario de los profesores de religión católica despedidos en la escuela pública tiene muchas ramificaciones. Unos perdieron el empleo por participar en una huelga legal o por militar en un sindicato, pero la mayoría fueron marginados por motivos personales, algunos tan extravagantes como "irse de copas con los amigos" o por "vivir en pecado".
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