¿Mantendría el mismo criterio el Tribunal Constitucional si cambiamos de religión, y hablamos de los musulmanes? ¿Seguiría pensando entonces que debe ser la jerarquía eclesial quien ejerza el control tanto sobre lo que se propaga como sobre quién lo hace? ¿Se admitiría que los imanes seleccionasen el profesorado de su religión en función del tipo de vida que llevasen, y que el Estado pagase sin abrir la boca? ¿Estaría dispuesto a dejar en sus manos estas decisiones, o lo que vale para una religión no vale para otra.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de febrero de 2007