Un informe técnico del arquitecto municipal del Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva) afirma que el proyecto de urbanización para construir 323 viviendas acordado en 2004 "podría constituir infracción urbanística tipificada como grave o muy grave" según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Como consecuencia, el informe propone "la suspensión cautelar de la licencia (...) y el traslado del expediente al Consejo Consultivo de Andalucía para su dictamen".
La construcción de las 323 viviendas que se pretendía construir en Gibraleón (10.600 habitantes) era consecuencia de tres convenios urbanísticos que, en 2001, acordó el Ayuntamiento, dirigido entonces por José Luis Rodríguez (PP), actual parlamentario andaluz y miembro de la dirección regional del PP. A su vez, el que sucedería a Rodríguez en la alcaldía, José Ramón Gómez Cueli, ostentaba el cargo de concejal de Urbanismo. La firma de estos documentos suponía reclasificar 3,5 hectáreas de suelo urbanizable a urbano e incrementar a un total de 323 viviendas las 171 previstas originalmente.
Para el actual gobierno municipal, liderado por el alcalde tránsfuga Juan Serrato, candidato a la reelección por el PSOE, el conjunto de la operación urbanística es ilegal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de marzo de 2007