El juez Antonio Vicente Fernández, anterior titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga, suspendido de sus funciones y acusado de prevaricación judicial y cohecho, alegó ayer que liberó al narcotraficante Manuel Mourente en 2004 "de forma motivada" y "porque nada impedía" su salida de prisión, pese a la negativa del titular del juzgado, que había denegado la misma solicitud.
El magistrado declaró ayer en la segunda sesión del juicio que se celebra contra él en el TSJA. El fiscal mantiene que el abogado Francisco del Pino, el matrimonio al que defendía y el juez acordaron que éste los pusiera en libertad y devolviera a la pareja los 141.545 euros que le habían sido intervenidos por la Policía, para repartírselos luego entre los cuatro gracias a que el magistrado acusado sustituía al titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga, que instruía la causa. En su escrito, el fiscal acusa al magistrado Antonio Vicente Fernández de "dictar resoluciones injustas, intentar influir en compañeros para que las dictaran u ofrecerse a ambas cosas, y obtener así diversas sumas de dinero".
El fiscal interrogó al magistrado sobre si valoró en su decisión el hecho de que el titular de ese juzgado hubiera previamente rechazado la puesta en libertad de la mujer del narcotraficante, Antonia Ruiz, acusada también junto a su ex pareja. El juez adujo que fundamentó su decisión en el auto que dictó entonces, y que antes de resolver examinó el caso "lo suficiente".
Además, el juez negó ayer con rotundidad haber recibido "cantidad de dinero alguna" tras dejar en libertad al narcotraficante Mourente y su mujer, cuando en 2004 sustituyó temporalmente al titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga. Fernández aseguró que tampoco recibió dinero por ordenar la devolución del dinero a un jugador que ganó una partida de bingo con "supuestas anomalías", según el relato del fiscal.
La Fiscalía del TSJA pide para el magistrado cinco años de prisión, 54 de inhabilitación y una multa de 27.460 euros; para el matrimonio y el jugador dos años de cárcel y 12.000 euros de multa para cada uno; y para el letrado seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y 48.000 euros de multa.
El magistrado negó, como entiende el fiscal y admitió ayer el letrado, haber mantenido una conversación con éste sobre la "situación personal" de la mujer días antes de que decretara su puesta en libertad, aunque con posterioridad manifestó no poder "afirmar ni negar" haber hablado con Del Pino sobre ese asunto.
El magistrado, que según el escrito del fiscal es aficionado al alcohol, la cocaína, los juegos de azar y los locales de alterne y atravesaba en el momento de los hechos por problemas económicos, admitió haber tenido problemas con el alcohol, aunque antes de que se dieran las circunstancias por las que está siendo juzgado y que motivaron en su día que fuera suspendido de sus funciones. Respecto a su afición al juego, dijo haber apostado "en muy pocas ocasiones a las máquinas tragaperras para matar un cuarto de hora", y que al casino habrá ido "en siete años no más de cinco veces".
El juez fue interrogado asimismo sobre la resolución que dictó para que a un jugador de azar, también acusado de actuar en connivencia con él, el juzgado le devolviera el dinero que le correspondía por un premio obtenido en un bingo de Fuengirola (Málaga), pero que estaba retenido por presuntas irregularidades en la partida.
El magistrado manifestó que no conocía de nada al jugador, que resolvió a favor de éste en el mismo día en el que el perjudicado interpuso la denuncia en su juzgado, en funciones de guardia, para evitarle "molestias" y que no trasladó su resolución al fiscal porque "es posible" que no considerara importante su pronunciamiento en una circunstancia de este tipo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de marzo de 2007