La ley garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder a los registros y archivos de las administraciones públicas. Así lo recuerda Acuajúcar, empresa estatal que ejecuta el trasvase Júcar-Vinalopó, en un recurso ante la Consejería de Economía contra la negativa del Consell a facilitar el expediente por el que dio un aval de casi un millón de euros a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó. Acuajúcar destaca que la ley "no exige requisito alguno general de orden legitimador" para ver la documentación, en contra de la opinión del Consell del PP, que adujo que la petición de información de la empresa no está justificada.
La sociedad insiste en que le afecta un aval que se otorga a los regantes con el fin de "atender gastos derivados del trasvase Júcar-Vinalopó", ya que la Junta Central debe cerca de 44 millones de euros por obras, gastos e intereses financieros que no ha liquidado. Acuajúcar revocó en 2005 el convenio que firmó la anterior administración del PP con los regantes del Vinalopó porque no aportaron más que 18.700 euros a las obras iniciadas tras comprometerse a abonar un tercio del trasvase. La Junta dejó las facturas pendientes ante el cambio de trazado, al que se opuso. Acuajúcar exige conocer el destino del aval de 950.000 euros, ya que sospecha que financia "la guerra del agua". "Llegaremos hasta el final de este turbio asunto", aseguró ayer el consejero delegado, José María Marugán.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de marzo de 2007