El maldito embrollo del caso De Juana tenía mala solución, cualquiera que fuese su salida final, y tal vez la adoptada no haya sido en el fondo, que no en la forma, la peor de todas. Por muy sanguinario que fuera el sujeto y por muy evidente que resultara su insistencia en mantener unas ideas criminales, la justicia había cumplido ya su labor en cuanto a la actuación como terrorista. Ni directa ni indirectamente se le podía volver a juzgar por el pasado, y si bien los dos artículos de Gara mostraban a las claras su adhesión a ETA, siendo por ello susceptibles de condena, no existía en ellos una referencia explícita a la organización ni un llamamiento abierto a eliminar a unos funcionarios de prisiones descritos con trazos feroces. Los noventa y seis años solicitados y los doce de condena impuestos por la Audiencia Nacional ofrecían así el aspecto de una aplicación traída por los pelos de los principios de la ley del Talión. Luego, con los tres años del Supremo llegaban las rebajas. Ante tal inseguridad de fondo, y con la alternativa de una muerte posible por efecto de la huelga de hambre, la condena atenuada salva, de nuevo por los pelos, el respeto a la ley, y evita el peor de los desenlaces.
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También como viene siendo habitual, el ministro Rubalcaba pone la cara, hasta un punto que resulta casi ofensivo para la inteligencia de los ciudadanos. Una cosa es que asuma la responsabilidad y otra bien distinta que pretenda haber sido el autor de una resolución "política y humanitaria", que no "legal y humanitaria", adoptada sin duda en una cumbre de la dirección política del país, con Zapatero al frente, y posible participación, con Rubalcaba, de la vicepresidenta y del ministro de Justicia. El asunto era demasiado grave para un ministro solo. Del mismo modo que todo sugiere la existencia de contactos subterráneos con Batasuna, a efectos de garantizar que De Juana abandonaría la huelga de hambre, una vez recibida la recalificación penitenciaria.
En suma, aislado en sí mismo el episodio ha de juzgarse teniendo en cuenta cuáles hubieran sido los efectos de otras salidas asimismo legales. A partir de ahí, los problemas nacen, de una parte, del evidente malestar en una opinión pública que contempla el trato favorable ofrecido a un criminal político, por contraste con el olvido de que están siendo objeto las víctimas, cuyos sentimientos y cuyo papel en la restauración de una vida democrática en Euskadi están siendo sistemáticamente olvidados por el Gobierno. Al atenuar la prisión de De Juana, hubieran merecido una explicación, acompañada de un anuncio bien claro de cuáles son las intenciones del Gobierno para un futuro inmediato. Porque lo peor es la sensación de que el atentado de la T-4 ya no cuenta en el fondo, a la vista del voto de un PSE favorable en el Parlamento vasco a dar ayudas a los presos de ETA, y que de nuevo Zapatero está dispuesto a reabrir la vía de las concesiones sin contrapartida con tal de reanudar "el proceso". Y de mantener el aislamiento del PP. Las declaraciones de socialistas tan razonables como Maite Pagazaurtundua y Rosa Díez debieran constituir una advertencia en el sentido de que la época de las maniobras en la oscuridad se ha agotado.
Entre otras cosas, porque Batasuna abre un campo de juego con líneas bien trazadas. Hoy mismo expondrá en Pamplona su plan de "autonomía de transición", llenándose la boca de la palabra democracia. ETA calla. ZP prefiere sin duda favorecer en plan discreto el deslizamiento de Batasuna a una posición que le permita legalizarla de cara a las elecciones. Pero a una oferta clara, la respuesta tiene que ser también clara, en el sentido de que ningún acuerdo sea posible sin que ETA lo avale con el fin de su guerra. Y de que la eventual entrada en juego de la adicional cuarta sobre Navarra no pueda tener la contrapartida de la autodeterminación, separando además el voto navarro de toda coacción directa o indirecta. La claridad ha de ser también inequívoca en las posiciones de socialistas vascos y navarros, frente al seguidismo respecto de los abertzales que se consolida día a día. Al PSOE le corresponde ser un agente de normalización política, no de concesiones en cadena para que cese el terror a cualquier precio, con la recompensa de coaliciones a la catalana. Llegados a este punto, ZP tiene que declarar su juego, de cara a los ciudadanos. No creo que lo haga.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de marzo de 2007